El martes 22 de marzo de 2022, se ha publicado un artículo de nuestro CEO en el portal de salud y prevención laboral de MC MUTUAL.
Es importante que el anteproyecto presentado el pasado 4 de marzo sea modificado durante el trámite parlamentario para, por ejemplo, ampliar la protección al denunciante más allá de vulneraciones que afecten al interés general. Estamos a tiempo , pero ha de pasar.
A continuación se puede acceder al texto completo del Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Igualmente, a continuación se puede acceder a la memoria del análisis de impacto normativo, también publicada por el Ministerio de Justicia.
La asociación Red Flag organiza un acto, online y totalmente gratuito que tendrá lugar el próximo día 31 de marzo de 2022 a las 18.00h (hora española).
En dicho acto participará nuestro CEO, Josep Fígols.
Para confirmar asistencia y recibir el enlace de conexión, deberéis enviar un correo electrónico a [email protected]
En el Consejo de Ministros del viernes 4 de marzo de 2022, se ha aprobado el ANTEPROYECTO DE LEY reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El texto es el siguiente:
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).
El objeto de la directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
Este anteproyecto de ley, además de ser un arma para combatir la corrupción, también abarca el resto de tipologías de delitos e infracciones administrativas, de tal manera que se configura como una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, así como aquellos aspectos que vulneren la seguridad y salud en el trabajo.
Esta directiva establece una regulación dirigida tanto al sector privado como público y dota de un sistema eficaz de protección a las personas que informan sobre irregularidades y corrupción. Con esta norma, cualquier ciudadano y cualquier funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario.
Esta trasposición tiene como objetivo ayudar a concienciar y aumentar las denuncias de prácticas irregulares, al crear un clima de confianza entre el informante y la administración, al tiempo que este nuevo mecanismo no sustituye las vías de denuncia existentes y se suma a las medidas antifraude de lucha contra la corrupción ya existentes.
De acuerdo con el Barómetro del CIS, los problemas políticos en general y el mal comportamiento de la clase política ocupan la posición quinta y sexta en las preocupaciones de los ciudadanos, por delante incluso de la educación, la vivienda, la seguridad o el medioambiente; sin embargo, existen relativamente pocos procedimientos por corrupción, lo que indica que todavía hay muy pocas denuncias, de acuerdo a los datos del repositorio de datos de procesos por corrupción del Consejo General de Poder Judicial.
Cuestiones que aborda la Directiva
El nuevo anteproyecto establece, entre otras cuestiones, un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.
También regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere, garantizando asimismo el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.
Del mismo modo, establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan, las cuales podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
En este vídeo de YouTube se muestra lo sencillo que es hacer una alerta o denuncia de posibles irregularidades con la app co-resol.
La aplicación está diseñada con criterios de máxima usabilidad.
Con toda seguridad y confidencialidad, y con la posibilidad de anonimato.
Desde cualquier lugar, a cualquier hora puedes utilizar el canal ético o canal de denuncias más innovador, co-resol.
Estas líneas fueron escritas el jueves 16 de diciembre de 2021 por la mañana, justo el día antes del plazo máximo marcado por la Comisión Europea para la entrada en vigor en España, al igual que en el resto de los países de la UE, de la Directiva UE 2019/1937, conocida también como la Directiva europea de protección de alertadores o Directiva Whistleblowing.
¡Ha llegado el día! (*)
Mi deseo en este escrito es simplemente el de felicitar a todas las organizaciones, empresas privadas o administraciones públicas, grandes o pequeñas, que a día de hoy YA HAN INCORPORADO un canal ético o canal de denuncias, como lo es https://co-resol.com , que no han esperado a la obligatoriedad para dar un paso delante de compromiso ético y de transparencia y que, por supuesto, lo han hecho también teniendo en cuenta los requerimientos indicados por la LOPDGDD y el RGPD de la UE.
Mis felicitaciones a todas ellas, y estoy seguro de que esta muestra de compromiso no hará más que crear valor, interna y externamente, para estas organizaciones.
Por supuesto, sé que muchas organizaciones, sobre todo teniendo en cuenta cierres fiscales, están esperando hasta última hora … o un poco más.
Mi consejo: no tengáis miedo, hacedlo cuanto antes. Los beneficios en la lucha contra el fraude, en la mejora de la reputación externa y bienestar interno, son indudables. ¡Ánimo!
Desde co-resol, y de la mano de toda una serie de firmas colaboradoras que pueden ayudar en cualquier situación específica, estamos encantados de acompañaros a empresas y administraciones a dar este paso adelante.
Un cordial saludo,
Josep Figols Marín
Socio cofundador y CEO de BCN RESOL
(*) Nota: en estos momentos en España hay una veintena de directivas europeas que tendrían que haber sido incluidas en nuestra legislación, pero aún no han sido transpuestas, y ello además conlleva multas hacia nuestro país, así que …
Este articulo ha sido publicado previamente en LinkedIn.
La transposición de la Directiva UE 2019/1937 de protección de denunciantes o alertadores, conocida como la Directiva Whistleblowing, se llevará a cabo en España en el próximos días, quizás incluso cuando leas este artículo podría ser que ya hubiera sido aprobada.
Desde hace dos años se conocía la fecha del 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición … y en muchos artículos se ha hecho referencia a la cuenta atrás y a las implicaciones de la misma para las empresas de más de 50 trabajadores y administraciones públicas de más de 10.000 ciudadanos.
Pero permitidme que aquí destaque la posibilidad que representa la implantación de este canal como oportunidad real, tanto para empresas como para administraciones, sea cual sea su tamaño, de dar una paso adelante en dos áreas esenciales: la transformación ética y la transformación digital.
La transformación ética como voluntad de transparencia y de escuchar a todos los stakeholders. Enorme motivador interno y de reputación externa.
La transformación digital en tanto en cuanto un canal digital ha de constituir la parte esencial del canal ético o canal de denuncias a implantar.
En ambos casos, no sólo para meramente conseguir el cumplimiento normativo, … sino para, de manera muy natural, ir más allá hacia una verdadera cultura de Compliance.
Aunque no basta con dar este paso de cualquier manera. Como dice un admirado abogado “lo que no se comunica no existe”. Es decir, que la comunicación de la existencia de un canal de denuncias es clave para su éxito. Igualmente, la usabilidad es un elemento importantísimo, tanto para quien realiza las alertas, como para aquellas personas designadas para la gestión de las mismas.
Es por ello por lo que un canal ético o canal de denuncias como co-resol, gracias a sus características y de la mano de toda una serie de firmas colaboradoras que pueden ayudar en cualquier situación específica, constituye un valor seguro para acompañar a empresas y administraciones en este paso adelante.
Un saludo,
Josep Figols Marín
Socio cofundador y CEO de BCN RESOL.
Este articulo ha sido publicado previamente en LinkedIn.
Article de Miquel Fortuny, soci director de Fortuny Legal, i Josep Fígols, CEO de co-resol publicat al Portal Pime al dia.
Este martes 16 de noviembre de 2021 ha tenido lugar un interesante Webinar sobre el acoso en el mundo del deporte y de la empresa, así como la eficiente solución que representa co-resol.
Han intervenido Jordi Nadal, Director General de Andorra Telecom, Maria Teixidor, cofundadora y asesora estratégica de BCN RESOL, y Gemma Riu, Gerente del Andorra Esports Clúster, con la colaboración de Andorra Business.
Se ha contado con las muy interesantes aportaciones en directo de Fred Vergnoux, entrenador de Mireia Belmonte, y de Bernat Escoda.
Muy ilusionados de ayudar a las empresas asociadas de PIMEC a poder cumplir con los requerimientos de la nueva Directiva UE 2019/1937 de protección a los alertadores, de manera muy eficiente y económica.
