Últimas novedades legales relacionadas con los canales éticos o de denuncia

En este vídeo para nuestra entidad colaboradora BNFIX, nuestro CEO comparte las últimas novedades legales relacionadas con los canales éticos o de denuncia, unos canales que ya aparecen en normas como la que regulan los planes de igualdad o la relativa a lucha contra el blanqueo de capitales.

Un canal de denuncia como co-resol es, más allá de la obligación, una oportunidad para que las empresas den muestra de buena reputación y de lucha contra el fraude, para retener talento, ser más productiva y generar confianza en sus skateholders.

Cómo nos ayuda la tecnología en la detección y resolución de conflictos en la empresa

El miércoles 27 de abril de 2002, nuestro CEO ha participado en el curso “PROTOCOLO DE ACOSO PARA LAS EMPRESAS” de CMBMediala en el que ha expuesto como un canal de denuncias (canal ético, sistema interno de información) como co-resol de BCN RESOL puede ayudar en la detección precoz de conflictos en la empresa y la gestión eficaz de los mismos. «The sooner the better». Y a cumplir con la legislación…

Felicitaciones a todas las personas asistentes. ¡Excelente nivel!

Ponencia que sobre el Anteproyecto de Ley de protección a los informantes y la Directiva Whistleblowing

El viernes 22 de abril de 2002, nuestro CEO Josep Figols llevó a cabo una ponencia que sobre el Anteproyecto de Ley de protección a los informantes y la Directiva Whistleblowing en la jornada organizada por PIMEC sobre el Compliance y las pymes.

A partir del minuto 1:03:30 empieza la presentación.

Webinar Compliance para pymes – La obligación de tener un canal de denuncias

El próximo viernes 22 de abril, de 10:00 a 12:00, tendrá lugar un interesante Webinar organizado por PIMEC

en el que nuestro CEO desarrollará las implicaciones que tiene para las pymes la Directiva UE 2019/1937 y el reciente anteproyecto de ley del pasado 4 de marzo para su transposición con respecto al canal de denuncias.

¿Qué pymes han de disponer de un canal de denuncias?

¿A partir de qué fecha será obligatorio?

¿Qué características mínimas son necesarias en el canal de denuncias?

¿Qué implicaciones tiene disponer de un canal de denuncias?

La sesión contará con la presencia de importantes expertos como Itziar Ruedas PIMEC, Miquel Fortuny Fortuny Legal y Albert Salvador WCA.

Las inscipciones al Webinar se pueden realizar en este enlace.

Disponer de un canal de denuncias va en serio… ¡Y es bueno!

Finalmente, este pasado 4 de marzo de 2022 se ha publicado el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

Ya lo tenemos aquí y con algunos cambios respecto a la Directiva a tener en cuenta. Entre los aspectos que nos parecen más relevantes de su redactado, pensando en las pequeñas y medianas empresas, podemos encontrar:

  • Son sujeto obligado de disponer de un “Sistema interno de información” (así es como se denomina en el anteproyecto al canal de denuncias de la empresa) las personas físicas o jurídicas que tienen contratados a 50 o más personas trabajadoras.
  • El plazo máximo para implementar este canal, para las empresas de más de 251 trabajadores, es de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley. En cualquier caso, las empresas, pymes, de más de 50 personas trabajadoras, la fecha límite de disponibilidad es el 1 de enero de 2023.
  • Las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 personas trabajadoras y que así lo decidan, podrán compartir entre sí el sistema interno de información.
  • Independientemente del número de personas trabajadoras, existen organizaciones que también son sujeto obligado, como por ejemplo, fundaciones que reciban fondos públicos, patronales, sindicatos o partidos políticos.
  • Asimismo, todas las entidades integrantes del sector público también se ven afectadas.
  • Toda persona física tendrá también la posibilidad de informar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, a través de su canal externo de comunicaciones, sea directamente o previa comunicación al Sistema interno de información.
  • Son aceptadas las informaciones (alertas, denuncias) anónimas en cualquiera de los canales.
  • Se establece un régimen sancionador y se crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
  • Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. Las sanciones muy graves a una persona jurídica pueden llegar al millón de euros, aparte de posible amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años y la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años.

Conviene ser conscientes de estas consideraciones, que a pesar de que pueden ser modificadas a lo largo del trámite parlamentario en los próximos meses, muy probablemente permanecerán con este redactado en la gran mayoría.

Ahora bien, como hemos dicho también muchas veces, y así lo demuestran aquellas empresas que ya han dado el paso, ofrecer este canal, ahora sistema de información interno, desde la empresa, desde la pyme, tiene muchas ventajas para la misma:

  • Internos (cohesión, bienestar y salud psicológica del equipo);
  • externos (reputación);
  • de disminución del fraude;
  • de fomento del uso de canales alternativos de resolución de conflictos, como la mediación;
  • muestra de buen gobierno, transparencia e igualdad.

Josep Fígols Marín

CEO i cofundador de co-resol

El papel del canal de denuncias en la prevención de riesgos laborales

El martes 22 de marzo de 2022, se ha publicado un artículo de nuestro CEO en el portal de salud y prevención laboral de MC MUTUAL.

Es importante que el anteproyecto presentado el pasado 4 de marzo sea modificado durante el trámite parlamentario para, por ejemplo, ampliar la protección al denunciante más allá de vulneraciones que afecten al interés general. Estamos a tiempo , pero ha de pasar.

Texto del anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

A continuación se puede acceder al texto completo del Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Igualmente, a continuación se puede acceder a la memoria del análisis de impacto normativo, también publicada por el Ministerio de Justicia.

co-resol presente en el Webinar Tecnológico «Ficha Técnica de un Buen Canal de Denuncias»

La asociación Red Flag organiza un acto, online y totalmente gratuito que tendrá lugar el próximo día 31 de marzo de 2022 a las 18.00h (hora española).

En dicho acto participará nuestro CEO, Josep Fígols.

Para confirmar asistencia y recibir el enlace de conexión, deberéis enviar un correo electrónico a [email protected]

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción

En el Consejo de Ministros del viernes 4 de marzo de 2022, se ha aprobado el ANTEPROYECTO DE LEY reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El texto es el siguiente:

Justicia

LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

El objeto de la directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

Este anteproyecto de ley, además de ser un arma para combatir la corrupción, también abarca el resto de tipologías de delitos e infracciones administrativas, de tal manera que se configura como una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, así como aquellos aspectos que vulneren la seguridad y salud en el trabajo.

Esta directiva establece una regulación dirigida tanto al sector privado como público y dota de un sistema eficaz de protección a las personas que informan sobre irregularidades y corrupción. Con esta norma, cualquier ciudadano y cualquier funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario.

Esta trasposición tiene como objetivo ayudar a concienciar y aumentar las denuncias de prácticas irregulares, al crear un clima de confianza entre el informante y la administración, al tiempo que este nuevo mecanismo no sustituye las vías de denuncia existentes y se suma a las medidas antifraude de lucha contra la corrupción ya existentes.

De acuerdo con el Barómetro del CIS, los problemas políticos en general y el mal comportamiento de la clase política ocupan la posición quinta y sexta en las preocupaciones de los ciudadanos, por delante incluso de la educación, la vivienda, la seguridad o el medioambiente; sin embargo, existen relativamente pocos procedimientos por corrupción, lo que indica que todavía hay muy pocas denuncias, de acuerdo a los datos del repositorio de datos de procesos por corrupción del Consejo General de Poder Judicial.

Cuestiones que aborda la Directiva

El nuevo anteproyecto establece, entre otras cuestiones, un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.

También regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere, garantizando asimismo el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.

Del mismo modo, establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan, las cuales podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.

Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.